El sistema judicial mexicano se encuentra en un momento crítico, marcado por controversias y señalamientos de ineficiencia. Ante este panorama, crece el debate sobre la continuidad de la reforma judicial y la posible suspensión de la elección de jueces prevista para 2027, abriendo la puerta a un replanteamiento del modelo de selección.

El panorama del sistema judicial mexicano se complica día a día, impulsado por diversos factores que van desde escándalos de gestión interna hasta cuestionamientos sobre la imparcialidad de las resoluciones. Incidentes como la filtración de conversaciones de secretarios judiciales instruyendo a sus superiores vía WhatsApp durante audiencias orales, y el retraso de hasta un año en audiencias federales, han minado la confianza pública.

A estos problemas se suman la admisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de una demanda contra la reforma judicial y las modificaciones a la Ley de Amparo, así como críticas al sentido político de fallos judiciales, como la validación por parte de la Suprema Corte de la reducción del aguinaldo a pensionados en Zacatecas debido a la “sostenibilidad financiera” del instituto local. La próxima certificación internacional en lavado de dinero y delitos conexos, las acusaciones de favoritismo político en la designación de jueces, la atención de la justicia laboral en el marco del T-MEC, y las imputaciones de un supuesto narcoestado mexicano por parte de Donald Trump, exacerban la crisis.

Ante este cúmulo de desafíos y el creciente descontento ciudadano, la posibilidad de suspender la elección judicial del 2027 y regresar a un sistema de carrera judicial como criterio principal para la selección de jueces cobra fuerza. Esta propuesta busca responder a las críticas y fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial mexicano.