La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo crucial que impactará el mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Al declarar constitucional el decreto que limita el incremento anual de las rentas a los índices de inflación, la SCJN blinda el derecho a la vivienda digna frente a los embates de la especulación y la gentrificación.

En una sesión trascendental, la SCJN analizó a fondo el decreto del Gobierno de la Ciudad de México que establece un tope al aumento anual de las rentas de inmuebles. Tras un intenso debate donde se sopesaron los derechos de propietarios e inquilinos, la Corte determinó que la medida es constitucional. La decisión, según fuentes judiciales, busca equilibrar el mercado inmobiliario y proteger a los arrendatarios de aumentos desproporcionados que podrían desplazar a familias y comunidades enteras.

El fallo de la SCJN representa un revés para aquellos que argumentaban que la medida vulneraba la libertad contractual y el derecho a la propiedad. Sin embargo, la Corte consideró que el derecho a una vivienda digna, consagrado en la Constitución, prevalece ante intereses meramente económicos, especialmente en contextos de alta demanda y gentrificación. La decisión sienta un precedente importante para otras ciudades del país que enfrentan problemáticas similares en el acceso a la vivienda.

Expertos en derecho inmobiliario señalan que esta resolución podría generar nuevas estrategias legales por parte de los propietarios. Sin embargo, la SCJN ha dejado claro que cualquier intento de eludir el tope a los aumentos de renta, mediante tácticas como el incremento desmedido de los depósitos o la exigencia de avales irrazonables, será considerado ilegal y sancionado. El gobierno capitalino, por su parte, se ha comprometido a fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de la normativa para garantizar su efectividad.