Estela Guadalupe de Casso Blanco enfrenta un giro inesperado en su batalla legal. Tras denunciar a su pareja, la justicia coahuilense la vinculó a proceso por violencia vicaria, generando un debate sobre la aplicación de esta figura legal.

En un hecho que ha causado conmoción y controversia en círculos legales y de defensa de los derechos de la mujer, Estela Guadalupe de Casso Blanco fue vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria por el juez Reynolds Elguezabal Dávila, del sistema penal acusatorio oral de Saltillo, Coahuila. De Casso Blanco, quien previamente había denunciado a su pareja, ahora enfrenta arresto domiciliario bajo la acusación de ejercer este tipo de violencia, tradicionalmente entendida como la ejercida por hombres contra mujeres a través de sus hijos.

La decisión del juez Elguezabal Dávila se basa en la interpretación de que la violencia vicaria, inscrita dentro de las violencias de género contra la mujer, puede ser aplicada incluso contra ellas mismas, independientemente de la jurisdicción. Este argumento ha levantado serias dudas entre abogados y activistas, quienes consideran que la resolución judicial desvirtúa la esencia y el propósito de la ley de violencia vicaria, que busca proteger a las mujeres y a sus hijos de la manipulación y el daño emocional infligido por sus exparejas.

El caso de Estela Guadalupe de Casso Blanco ha abierto un intenso debate sobre los límites y la interpretación de la violencia vicaria, así como sobre la necesidad de una mayor claridad en la legislación para evitar posibles abusos o aplicaciones erróneas. Expertos legales han expresado su preocupación por el precedente que podría sentar este caso en el sistema judicial mexicano, mientras que organizaciones de la sociedad civil se han movilizado en apoyo a De Casso Blanco, argumentando que la decisión judicial vulnera sus derechos y revictimiza a una persona que buscaba protección legal.