México ha logrado evitar, por ahora, la imposición de aranceles punitivos por parte de Estados Unidos gracias a la fortaleza del T-MEC y la profunda integración industrial entre ambos países. Sin embargo, la administración de Donald Trump sigue abriendo frentes de presión en áreas cruciales como seguridad, migración y comercio, poniendo a prueba la resiliencia de la relación bilateral.

A pesar de la ratificación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), que ha servido como un amortiguador ante las amenazas arancelarias, México se enfrenta a un escenario complejo y desafiante. La administración Trump ha incrementado la presión sobre México en materia de seguridad fronteriza y control migratorio, exigiendo mayores esfuerzos para frenar el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Estas demandas se han traducido en despliegues de la Guardia Nacional en la frontera sur de México y en la implementación de políticas migratorias más restrictivas.

Además, el comercio bilateral se mantiene bajo escrutinio constante. Si bien el T-MEC busca modernizar y fortalecer los lazos comerciales, persisten disputas en sectores específicos como el energético y el automotriz. Estados Unidos ha expresado su preocupación por las políticas energéticas de México, argumentando que podrían discriminar a las empresas estadounidenses e incumplir con lo estipulado en el tratado. Asimismo, las reglas de origen en el sector automotriz, aunque ya acordadas, siguen generando debates y potenciales fricciones.

En resumen, aunque México ha logrado sortear los aranceles más severos, la relación con Estados Unidos bajo la administración Trump se caracteriza por una constante tensión y la necesidad de una negociación continua en múltiples frentes. El futuro de esta relación dependerá de la capacidad de México para gestionar las presiones estadounidenses y defender sus intereses nacionales, manteniendo al mismo tiempo una colaboración constructiva en áreas de mutuo beneficio.