El Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrenta a la posible erosión de sus capacidades operativas. Consejeros han manifestado su preocupación ante los recortes propuestos en su estructura descentralizada, advirtiendo sobre las consecuencias en tareas cruciales.

La inquietud se centra en la posible supresión temporal o el recorte significativo de las 300 juntas distritales y 32 juntas locales del INE. Estas estructuras, compuestas en gran parte por personal especializado, son fundamentales para el correcto desarrollo de las funciones del organismo electoral.

Los consejeros señalan que la eliminación o reducción de estas instancias impactaría negativamente la vigilancia de los partidos políticos, una tarea esencial para garantizar la equidad y transparencia en los procesos electorales. Además, alertan sobre las afectaciones que podría generar una eventual disminución en el número de consejerías, debilitando la capacidad de toma de decisiones y la representatividad dentro del INE.

La discusión en torno a los ajustes presupuestales y estructurales del INE se da en un contexto de debate público sobre el papel y la autonomía del organismo. Los consejeros instan a un análisis profundo de las implicaciones de estas medidas, buscando preservar la integridad y la eficiencia del INE como garante de la democracia en México.