El gobierno de Veracruz ha tomado medidas enérgicas ante las irregularidades detectadas en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), garantizando la continuidad académica y el pago a los docentes. La gobernadora Rocío Nahle García afirma que se actuó legalmente tras investigaciones exhaustivas y denuncias formales.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, garantizó este lunes 19 de enero la continuidad académica y el pago a los docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), luego de que su administración tomara acciones legales ante las irregularidades detectadas en la institución. Estas acciones derivaron en denuncias formales y la reciente detención de exfuncionarios. En una entrevista radiofónica, la mandataria explicó que su gobierno recibió durante meses quejas de estudiantes y docentes por la falta de pagos, problemas administrativos y afectaciones directas al proceso académico, incluyendo la ausencia de títulos profesionales.

Nahle García detalló que la UPAV surgió con la intención de ampliar el acceso a la educación superior, utilizando instalaciones públicas para impartir clases, mientras fundaciones y asociaciones cobraban cuotas a los estudiantes. Sin embargo, estas fundaciones operaban con fuertes irregularidades, cobrando colegiaturas sin garantizar el pago a los docentes ni establecer contratos formales, creando un esquema financiero poco transparente. Ante esta situación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervino, realizando investigaciones que revelaron inconsistencias graves en el manejo de los recursos. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, que actualmente lleva el caso ante el Poder Judicial.

"Es mi gobierno y tengo que actuar, sea quien sea. Se procedió conforme a la ley y ahora serán las autoridades judiciales quienes determinen las responsabilidades", afirmó la gobernadora, enfatizando que no habrá impunidad. Recordó el decreto que emitió para que la UPAV quede formalmente a cargo del Estado, con el objetivo de otorgar certeza jurídica a la institución, garantizar la continuidad educativa de más de 60 mil estudiantes y establecer condiciones laborales claras para los docentes.