El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto un ultimátum a dos empresas del Grupo Salinas, exigiendo el pago de 51 mil millones de pesos por concepto de adeudos fiscales. Esta determinación, que abarca el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios 2008 a 2013, ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se espera que la notificación oficial para iniciar el proceso de cobro se realice en enero de 2026.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha formalizado una exigencia de pago por 51 mil millones de pesos a dos empresas pertenecientes al Grupo Salinas, conglomerado propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego. Este monto corresponde a adeudos fiscales derivados del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales comprendidos entre 2008 y 2013, según informó el titular del SAT, Antonio Martínez. La resolución ha sido confirmada en diversas instancias judiciales, culminando con la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025.

Martínez explicó que la determinación de estos pasivos fiscales se realizó mediante resoluciones administrativas emitidas entre 2013 y 2018. Posteriormente, estas resoluciones fueron validadas y confirmadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa entre 2019 y 2023, por los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación en 2024 y 2025, y finalmente, por la SCJN en 2025, agotando así las instancias legales. El organismo fiscalizador procederá a notificar a las empresas en enero de 2026 para iniciar el requerimiento de pago, conforme a lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación. No obstante, las compañías podrán solicitar ajustes o descuentos basados en las sentencias judiciales, los cuales podrían reducir la cantidad adeudada hasta en un 39% del total, dependiendo del esquema y orden de pago.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció señalando que las compañías “tienen derecho a solicitar descuentos de acuerdo con la ley”. Enfatizó que se trata de un proceso “legal, jurídico y administrativo” y reiteró la expectativa de que los adeudos sean liquidados conforme a la legislación vigente. Este anuncio reafirma la postura del gobierno en la aplicación estricta de las leyes fiscales ante grandes contribuyentes.