La reciente comparación con una posible intervención en Venezuela evoca un doloroso capítulo en la historia panameña: la invasión de Estados Unidos en 1989. El objetivo declarado era capturar al entonces hombre fuerte, Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, pero las consecuencias fueron profundas y duraderas.

En diciembre de 1989, la Operación Causa Justa desató un despliegue militar estadounidense sin precedentes sobre Panamá. Durante semanas, la ciudad de Panamá fue escenario de intensos combates que dejaron un saldo de cientos de muertos, entre civiles y militares panameños, así como cuantiosos daños materiales. La justificación oficial del gobierno de George H.W. Bush fue la protección de ciudadanos estadounidenses en Panamá, la restauración de la democracia y la lucha contra el narcotráfico, personificado en la figura de Noriega.

Tras la invasión, Noriega fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico. Si bien la invasión marcó el fin de su régimen autocrático, el país quedó sumido en un periodo de incertidumbre política y económica. Se instaló un gobierno provisional, pero la reconstrucción social y la cicatrización de las heridas emocionales tomaron años. Las cifras exactas de víctimas mortales siguen siendo objeto de debate, y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo una investigación exhaustiva de los hechos.

Las secuelas de la invasión aún resuenan en la sociedad panameña. El trauma colectivo, la percepción de una injerencia extranjera y las preguntas sobre la soberanía nacional persisten en el imaginario colectivo. Aunque Panamá ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, la sombra de la invasión de 1989 permanece como un recordatorio de las complejas relaciones entre Estados Unidos y América Latina.