El gobierno de Estados Unidos endurece su política migratoria con una medida que afecta a un número significativo de países, incluyendo algunos de América Latina. La suspensión de la tramitación de visas de inmigrante, que entrará en vigor el 21 de enero, se basa en la preocupación de que los solicitantes puedan depender de asistencia pública en el futuro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida que comenzará a implementarse el 21 de enero. Según un portavoz del departamento, esta decisión se justifica por la necesidad de asegurar que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los recursos públicos del país. La medida implica que se negarán visas a personas que se considere que podrían depender de asistencia gubernamental en algún momento de su estancia en Estados Unidos.

Si bien el Departamento de Estado no ha especificado la lista completa de los 75 países afectados, se espera que algunos países de América Latina estén incluidos en la lista. Esta decisión ha generado preocupación entre las comunidades latinas en Estados Unidos y ha levantado interrogantes sobre el impacto que tendrá en las solicitudes de reunificación familiar y en la llegada de nuevos inmigrantes provenientes de la región.

Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han criticado la medida, argumentando que estigmatiza a los inmigrantes y podría tener consecuencias negativas para la economía estadounidense, dado el papel crucial que desempeñan los inmigrantes en diversos sectores. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la lista de países afectados y las implicaciones específicas de esta nueva política migratoria.