En un intento por revitalizar su alicaído sector petrolero, Venezuela aprobó una reforma parcial a su Ley Orgánica de Hidrocarburos. La medida, debatida intensamente en el Parlamento, ha generado controversia y análisis sobre su posible alineación con intereses externos.

Tras dos horas de intenso debate, el Parlamento venezolano aprobó una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que busca inyectar nueva vida al sector petrolero del país. La reforma ha suscitado diversas interpretaciones, siendo la más destacada la posible influencia de la administración de Donald Trump y su agenda en la región. Según Oswaldo Felizzola, coordinador del CIEA de Venezuela, el debate sobre la reforma es crucial para entender las dinámicas internas y externas que moldean la política energética del país.

La reforma se centra en la apertura de nuevas oportunidades para la inversión y la generación de dividendos en el sector, que ha sufrido una significativa contracción en los últimos años. Si bien el gobierno venezolano argumenta que la medida es esencial para superar la crisis económica y aumentar la producción de petróleo, críticos señalan la posible cesión de soberanía y el debilitamiento del control estatal sobre los recursos naturales. La necesidad de atraer inversión extranjera se presenta como un argumento central a favor de la reforma, pero la cautela persiste ante las condiciones geopolíticas y económicas que rodean a Venezuela.

El análisis de expertos como Felizzola, expresado en medios como France 24, resalta la complejidad de la situación. La reforma a la Ley de Hidrocarburos no solo representa un cambio legal, sino también un reflejo de las tensiones internas y las presiones externas que enfrenta Venezuela en su búsqueda por reactivar su principal fuente de ingresos. El futuro del sector petrolero venezolano, y la influencia de esta reforma, sigue siendo un tema de debate y escrutinio tanto a nivel nacional como internacional.