La persistencia de la corrupción política y el accionar impune del crimen organizado representan lastres significativos para la administración actual. Esta situación, heredada de administraciones anteriores, no solo debilita la figura presidencial, sino que también impacta negativamente en la estabilidad de México. Analistas advierten sobre el fortalecimiento de la oposición y el riesgo de un avance de agendas externas.

Diversos factores convergen para socavar la fortaleza de la presidencia y, por ende, la del país. La cercanía de figuras políticas cuestionadas por corrupción a proyectos clave de la Cuarta Transformación genera suspicacias y críticas constantes. La persistencia de la actividad de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Michoacán y el Cártel de Sinaloa, evidencian la incapacidad del Estado para controlar el crimen organizado, alimentando la percepción de que el narcotráfico sigue operando con impunidad.

Un punto crítico reside en la falta de ejemplos contundentes de políticos corruptos enfrentando la justicia. Esta impunidad, aunque arraigada en el pasado, se convierte en un problema distintivo de este sexenio, minando la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de derecho. La falta de rendición de cuentas y la percepción de tolerancia hacia la corrupción erosionan la legitimidad del gobierno.

Esta situación de debilidad interna no solo afecta la gobernabilidad, sino que también fortalece a la oposición local y representa un caldo de cultivo para amenazas externas, como la posible injerencia de figuras políticas extranjeras. La confluencia de estos factores exige una respuesta urgente y contundente por parte de las autoridades para restaurar la confianza pública y proteger la soberanía nacional.