En un contexto político tenso y sin el aval legislativo necesario, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, impulsó el controvertido proyecto de presupuesto para 2026. La medida busca mitigar el considerable déficit fiscal que impacta a la segunda economía más grande de la Unión Europea.

La aprobación del presupuesto 2026 en Francia ha generado controversia y debate. Ante una Asamblea Nacional profundamente dividida y sin una mayoría oficialista clara, el primer ministro Lecornu recurrió a mecanismos constitucionales para superar las mociones de confianza presentadas por la oposición. Esta estrategia, si bien legal, ha sido criticada por algunos sectores que la consideran un bypass al proceso democrático y una muestra de la fragilidad política del gobierno.

El principal objetivo del presupuesto es abordar el creciente déficit fiscal que aqueja a la economía francesa. Si bien los detalles específicos del plan no se han divulgado completamente, se espera que incluya medidas de austeridad, recortes en el gasto público y posiblemente aumentos de impuestos en algunos sectores. El gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo, en un contexto global marcado por la incertidumbre y la inflación.

Sin embargo, la oposición y diversos analistas económicos cuestionan la efectividad y el impacto social de las medidas propuestas. Temen que los recortes en el gasto público afecten negativamente a los servicios sociales y a los sectores más vulnerables de la población, exacerbando las desigualdades y generando malestar social. La falta de un debate parlamentario profundo y la imposición del presupuesto sin un consenso amplio han incrementado la tensión política y plantean interrogantes sobre la legitimidad y la viabilidad a largo plazo de la estrategia económica del gobierno francés.