Un cambio radical sacude el panorama energético venezolano. La Asamblea Nacional aprobó una reforma trascendental a la Ley de Hidrocarburos, marcando el fin de décadas de monopolio estatal y abriendo las puertas a la participación de empresas privadas, incluso fuera de la estatal PDVSA.

Después de más de dos décadas de un discurso centrado en la estatización petrolera, pilar fundamental de la política energética chavista, Venezuela da un giro inesperado. El 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que redefine el futuro de la industria petrolera del país.

La reforma legal permite la ampliación del modelo de empresas mixtas y, crucialmente, abre la comercialización de hidrocarburos a socios privados que no estén afiliados a la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Esta medida representa un cambio paradigmático, rompiendo con 50 años de monopolio estatal instaurado desde la nacionalización de la industria petrolera por Carlos Andrés Pérez en 1976.

Con esta reforma, Venezuela busca atraer inversión extranjera y aumentar la producción de petróleo, buscando revitalizar una industria que ha sufrido considerablemente en los últimos años. El impacto a largo plazo de esta decisión en la economía venezolana y en la geopolítica energética regional aún está por verse, pero sin duda marca un antes y un después en la historia del petróleo venezolano.