En un movimiento sorpresivo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una propuesta de ley de amnistía general. La iniciativa busca liberar a personas consideradas presos políticos, detenidas durante los gobiernos chavistas desde 1999.

Durante el inicio del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez declaró: "Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente". La propuesta, de ser aprobada, implicaría un cambio significativo en el panorama político venezolano, ofreciendo una posible vía para la reconciliación y el diálogo entre el gobierno y la oposición.

La medida ha generado diversas reacciones dentro y fuera del país. Sectores de la oposición han expresado cautela, esperando detalles concretos sobre el alcance y la implementación de la amnistía. Organismos internacionales de derechos humanos han instado a una evaluación exhaustiva de cada caso, garantizando la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

El anuncio de Rodríguez se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el gobierno venezolano, así como de un persistente clima de polarización política interna. La posible aprobación de la ley de amnistía podría interpretarse como un intento de distender las tensiones y abrir un nuevo capítulo en la historia reciente de Venezuela. El impacto real de esta medida dependerá de la voluntad política de todas las partes involucradas y de la transparencia en su aplicación.