En medio de una creciente tensión política y huelgas de hambre de familiares, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, sancionó una ley de amnistía el pasado jueves 19 de febrero. Sin embargo, la medida ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales, quienes aseguran que deja fuera a un número considerable de personas consideradas presos políticos.

La ley de amnistía, aprobada por el Parlamento venezolano el 19 de febrero, ha desatado una ola de reacciones encontradas. Mientras que el gobierno la presenta como un gesto de reconciliación nacional, organizaciones como Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, denuncian que la legislación es limitada y excluye a cientos de personas consideradas presos políticos. Esta controversia se produce en un contexto de creciente presión, con familiares de los detenidos llevando a cabo huelgas de hambre para exigir su liberación.

Según Foro Penal, la ley presenta ambigüedades y restricciones que impiden la excarcelación de individuos detenidos por delitos considerados graves o relacionados con protestas antigubernamentales. Alfredo Romero ha expresado su preocupación por la falta de claridad en los criterios de aplicación de la amnistía, lo que podría generar interpretaciones arbitrarias y limitar su alcance real. La ONG insiste en que la amnistía debe ser amplia e incondicional para garantizar la liberación de todos los presos políticos y promover una verdadera reconciliación en el país.

La situación en Venezuela continúa siendo delicada, con acusaciones de persecución política y violaciones de derechos humanos. La aprobación de esta ley de amnistía, lejos de aliviar la tensión, ha exacerbado las críticas y ha puesto de manifiesto las profundas divisiones que persisten en la sociedad venezolana. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de los acontecimientos, instando al gobierno a garantizar el respeto de los derechos humanos y a promover un diálogo inclusivo para resolver la crisis política.