El gigante tecnológico francés Capgemini se encuentra en el ojo del huracán tras anunciar la venta de su filial estadounidense. La decisión se produce después de que investigaciones periodísticas destaparan un vínculo contractual clave entre la empresa y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, poniendo en entredicho su reputación.

La decisión de Capgemini de vender su filial en Estados Unidos ha sacudido al sector tecnológico. La polémica se centra en un contrato que mantenía la empresa francesa con ICE, la agencia estadounidense encargada de la aplicación de las leyes migratorias. Investigaciones periodísticas recientes revelaron la magnitud de este acuerdo, calificándolo de "esencial" para el funcionamiento de las políticas migratorias implementadas durante la administración de Donald Trump, caracterizadas por una postura severa y la separación de familias en la frontera.

La presión pública y el escrutinio mediático ejercieron una influencia considerable en la decisión de Capgemini. Diversos grupos de defensa de los derechos humanos habían manifestado su repudio a la colaboración de la empresa con ICE, argumentando que contribuía a la ejecución de políticas consideradas inhumanas y contrarias al derecho internacional. La venta de la filial estadounidense representa, para muchos, un intento de la compañía por mitigar el daño reputacional y distanciarse de las políticas migratorias controvertidas.

Aún se desconocen los detalles sobre el comprador y el precio de la transacción. Sin embargo, el anuncio de Capgemini marca un precedente importante en el debate sobre la responsabilidad social de las empresas tecnológicas y su papel en la implementación de políticas gubernamentales sensibles, especialmente en lo que respecta a la inmigración. El caso de Capgemini pone de manifiesto la creciente exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de la sociedad civil hacia las empresas que colaboran con agencias gubernamentales.