México, en colaboración con Gambia, está impulsando un esfuerzo significativo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para establecer un marco legal internacional que prevenga y sancione los crímenes de lesa humanidad. La iniciativa busca superar décadas de inacción y establecer un estándar global para la rendición de cuentas por las atrocidades más graves.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su consultor jurídico Pablo Arrocha Olabuenaga, ha revelado los detalles de la estrategia diplomática mexicana para desbloquear el estancamiento que ha afectado la discusión sobre crímenes de lesa humanidad en la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU. En un artículo publicado en el portal Just Security, Arrocha Olabuenaga expone la hoja de ruta que México propone para lograr un consenso y avanzar hacia la negociación de una convención internacional vinculante.

La propuesta mexicana, respaldada por Gambia, se centra en la necesidad de crear un instrumento legal que complemente el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ampliando el alcance de la justicia internacional y fortaleciendo la capacidad de los Estados para prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio o por sus nacionales. La iniciativa busca establecer definiciones claras, mecanismos de cooperación y obligaciones para los Estados miembros, con el objetivo de erradicar la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales.

El camino hacia la adopción de una convención internacional no está exento de desafíos. Sin embargo, el liderazgo de México y Gambia, junto con el creciente apoyo de otros Estados miembros, ofrece una oportunidad única para avanzar en la lucha contra la impunidad y fortalecer el sistema de justicia internacional. La iniciativa representa un paso crucial para asegurar que los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas por sus actos y que las víctimas reciban la justicia y reparación que merecen.