La jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez, miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), se encuentra en una encrucijada internacional. Tras ser sancionada por Estados Unidos, enfrenta severas limitaciones financieras que le impiden realizar transferencias en dólares y utilizar servicios de empresas estadounidenses. A estas restricciones se suma una orden de arresto emitida por Rusia, complicando aún más su situación.

La magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez, una figura clave en la Corte Penal Internacional (CPI), ha expresado públicamente su frustración ante las drásticas consecuencias de las sanciones impuestas por Estados Unidos. 'Me sacaron las tarjetas de crédito y no puedo enviar dinero a mi país', declaró Ibáñez, quien ahora se ve impedida de realizar operaciones financieras básicas y cruciales para su vida personal y profesional. Estas restricciones, que le impiden transferir dinero en dólares y utilizar cualquier servicio de empresas estadounidenses, marcan un precedente preocupante para funcionarios de organismos internacionales.

Estas limitaciones financieras van más allá de la vida personal de la jueza, afectando su capacidad para gestionar recursos y obligaciones en un entorno internacional. La imposibilidad de transferir fondos en la divisa global predominante, el dólar estadounidense, y de interactuar con el ecosistema de servicios provistos por compañías con sede en EE.UU., crea un aislamiento financiero significativo. Esta situación subraya la compleja geopolítica y las presiones a las que pueden estar sujetos los funcionarios de instituciones internacionales.

Como si las sanciones estadounidenses no fueran suficientes, la magistrada Ibáñez enfrenta una orden de arresto emitida por Rusia. Este mandato legal por parte de Moscú añade una capa adicional de complejidad y riesgo a su movilidad y seguridad personal, colocándola en una posición sumamente delicada en el escenario geopolítico. La convergencia de estas acciones por parte de dos potencias mundiales subraya la creciente politización y las presiones externas que enfrentan los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional en el ejercicio de sus funciones.