En un movimiento que busca reconciliar al país, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes 30 de enero la promulgación de una ley de amnistía general. La medida beneficiará a personas detenidas desde 1999, abarcando todo el periodo de gobiernos liderados por el chavismo.

La declaración de Rodríguez, realizada el 30 de enero, describe la amnistía como una herramienta crucial para la sanación nacional, enfocándose en las 'heridas' dejadas por décadas de polarización política y social. La ley abarcará a individuos encarcelados desde 1999 hasta la fecha, un periodo marcado por intensas controversias políticas y económicas bajo las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Aunque los detalles específicos sobre los criterios de elegibilidad y el alcance exacto de la amnistía aún no se han divulgado completamente, el anuncio ha generado reacciones mixtas dentro y fuera de Venezuela. Sus defensores argumentan que la medida podría contribuir a la liberación de presos políticos y fomentar un clima de diálogo y reconciliación nacional. Sin embargo, críticos expresan escepticismo y preocupación sobre la posible impunidad de personas acusadas de crímenes graves.

El impacto final de esta amnistía general dependerá de su implementación práctica y la respuesta de los diferentes actores políticos y sociales en Venezuela. La comunidad internacional también observa atentamente la situación, esperando que la medida contribuya a una resolución pacífica y democrática de la crisis que atraviesa el país sudamericano.