La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha archivado una denuncia contra el reconocido cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de acoso y agresión sexual. La decisión se fundamenta en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para investigar hechos ocurridos fuera del país.

La Fiscalía española tomó la determinación de archivar la investigación que se había iniciado tras una denuncia presentada contra Julio Iglesias por dos exempleadas. Las denunciantes acusaban al cantante de presuntos actos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021 en República Dominicana y Bahamas. El ministerio público emitió un decreto este viernes en el que se establece que la legislación española no permite investigar las acusaciones, que incluyen delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado, servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos laborales.

Según la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española requiere varios requisitos para que la justicia española pueda intervenir en casos ocurridos en el extranjero. Entre estos, se exige que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el lugar donde ocurrieron los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una conexión material con España, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país. En este caso, las víctimas son extranjeras, no residen en España, los hechos se atribuyen a países competentes, y los denunciados (Julio Iglesias y otras dos personas de nacionalidades colombiana y brasileña) tampoco residen en España.

Las denuncias provenían de una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, quienes aportaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones. Estas incluían alegatos de agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas. La decisión de la fiscalía pone fin a la investigación en España, dejando abierta la posibilidad de que las denuncias sean investigadas en las jurisdicciones correspondientes de República Dominicana y Bahamas.