En un intento por revitalizar su deteriorada industria petrolera, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva ley que flexibiliza la inversión extranjera. Esta medida se produce en un contexto de crecientes presiones internacionales, incluyendo exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

La aprobación de esta legislación representa un cambio significativo en la política económica venezolana, tradicionalmente centrada en el control estatal de la industria petrolera. La nueva ley busca atraer capital y tecnología extranjera para modernizar la infraestructura, aumentar la producción y mejorar la eficiencia de la empresa estatal PDVSA, que ha sufrido años de declive debido a la mala gestión, la corrupción y las sanciones internacionales.

Si bien los detalles específicos de la ley aún no se han hecho públicos, se espera que ofrezca términos más favorables para las empresas extranjeras, incluyendo la posibilidad de mayores participaciones en empresas mixtas y una mayor flexibilidad en la repatriación de ganancias. El gobierno venezolano espera que esta apertura atraiga inversiones significativas en los próximos años y contribuya a la recuperación económica del país.

La medida se considera un paso importante en el proceso de normalización de las relaciones entre Venezuela y la comunidad internacional, particularmente con Estados Unidos, país que ha condicionado el levantamiento de sanciones económicas al progreso en materia de democracia y derechos humanos. La captura de Nicolás Maduro en Caracas, mencionada en el contenido original, subraya la complejidad del panorama político venezolano y la influencia de factores externos en las decisiones económicas internas.