Costa Rica, tradicionalmente un oasis de estabilidad en Centroamérica, se enfrenta a una preocupante ola de criminalidad. El incremento del narcotráfico y la violencia homicida han transformado el panorama político, dominando la agenda electoral de cara a los comicios presidenciales del 1 de febrero.

Durante décadas, Costa Rica se distinguió como un ejemplo de gobernabilidad democrática y consenso institucional, incluso alcanzando la abolición de su ejército. Sin embargo, esta imagen se ha visto empañada por el alarmante aumento de la violencia homicida, que ha alcanzado niveles récord en los últimos años. La creciente influencia del narcotráfico ha permeado la sociedad costarricense, generando preocupación y descontento entre la población.

Ante esta situación, la demanda por un enfoque más firme y contundente en materia de seguridad se ha intensificado. La figura de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y su política de "mano dura" contra las pandillas, han resonado en parte del electorado costarricense, influyendo en las tendencias de cara a las próximas elecciones presidenciales. Diversos candidatos han adoptado discursos más enérgicos en materia de seguridad, prometiendo medidas drásticas para combatir la delincuencia y restaurar el orden.

El debate sobre cómo abordar la crisis de seguridad en Costa Rica se ha convertido en el eje central de la campaña electoral. Los votantes se enfrentan a la difícil elección entre mantener el enfoque tradicional, basado en el diálogo y la prevención, o adoptar medidas más represivas, inspiradas en el modelo salvadoreño. El resultado de las elecciones del 1 de febrero determinará el rumbo que tomará Costa Rica en la lucha contra el crimen organizado y la búsqueda de una sociedad más segura y pacífica.