El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha autorizado a sus agentes a ingresar por la fuerza en domicilios privados, basándose únicamente en órdenes administrativas de deportación. Esta directriz, revelada por AP, ha desatado una ola de críticas por presuntas violaciones a las protecciones constitucionales.

Un memorando interno, al que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press (AP), revela que los funcionarios del ICE ahora cuentan con la facultad de forzar la entrada a hogares con el simple respaldo de una orden administrativa que ordene la remoción y expulsión definitiva de un individuo. Este cambio normativo representa un significativo alejamiento de las restricciones previamente impuestas a las facultades de búsqueda de las autoridades migratorias y de las garantías constitucionales que protegen a los ciudadanos y residentes en Estados Unidos.

La nueva política del ICE ha generado una fuerte reacción por parte de grupos de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes denuncian que la medida viola directamente la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esta enmienda protege a los individuos contra registros e incautaciones irrazonables, requiriendo normalmente una orden judicial basada en una causa probable para ingresar a una propiedad privada. La autorización del ICE para ingresar por la fuerza sin una orden judicial plantea serias preocupaciones sobre el respeto a las libertades civiles y el debido proceso.

La controversia en torno a esta directriz se suma a un ya intenso debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. La medida del ICE podría enfrentar desafíos legales y seguramente intensificará la presión sobre el gobierno para que revise sus prácticas de aplicación de la ley de inmigración, equilibrando la seguridad fronteriza con la protección de los derechos individuales y las libertades constitucionales.