El gobierno español defiende su plan para regularizar a cientos de miles de migrantes indocumentados, una iniciativa que ha provocado fuertes críticas desde sectores conservadores europeos. La polémica se intensifica al ser catalogada como una medida que erosiona la estabilidad del bloque continental.

El Gobierno de España se encuentra en el centro de una controversia internacional debido a su política de regularización masiva de migrantes. La iniciativa, que busca otorgar estatus legal a más de medio millón de personas indocumentadas que residen en el país, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como europeo.

Durante una reunión celebrada en Croacia, líderes conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) expresaron su firme oposición a la medida. Argumentan que la regularización masiva debilita la cohesión y la seguridad del bloque europeo, al tiempo que podría generar un efecto llamada para la inmigración irregular. Las críticas se centran en el posible impacto económico y social, así como en las implicaciones para la política migratoria europea.

El gobierno español, por su parte, defiende la legalidad y la necesidad de la regularización, argumentando que contribuirá a reducir la economía sumergida, mejorar las condiciones laborales y sociales de los migrantes, y aumentar la recaudación fiscal. La administración insiste en que la medida está en consonancia con los principios de derechos humanos y que fortalecerá la integración de los migrantes en la sociedad española.