Guatemala enfrenta una crisis de seguridad pública sin precedentes. El presidente Bernardo Arévalo decretó este miércoles estado de sitio por 30 días en todo el país, buscando contener la creciente violencia desatada por pandillas tras la liberación de guardias penitenciarios secuestrados en varias cárceles.

La decisión presidencial, anunciada ayer, se justifica en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y facultar a las fuerzas del orden para actuar con contundencia contra las estructuras criminales. Arévalo enfatizó la urgencia de impedir "acciones terroristas" que, según el gobierno, buscan desestabilizar al país. La medida se tomó luego de que las fuerzas de seguridad lograran liberar a la totalidad de los guardias penitenciarios que permanecían retenidos por reclusos en distintos centros de detención. Estos motines carcelarios desencadenaron una serie de ataques armados coordinados contra la policía en las calles de la capital y otras ciudades.

Los enfrentamientos entre agentes policiales y miembros de pandillas han dejado un saldo trágico de al menos ocho personas fallecidas, incluyendo policías y civiles. La escalada de violencia ha generado una profunda sensación de inseguridad entre la población, con reportes de bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y ataques a edificios públicos. El estado de sitio otorga a las fuerzas armadas y de seguridad poderes especiales, incluyendo la restricción de la libertad de locomoción, reunión y manifestación, así como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial.

El gobierno guatemalteco argumenta que estas medidas son indispensables para restaurar el orden y proteger a la ciudadanía de la amenaza que representan las pandillas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible impacto del estado de sitio en las libertades civiles y la posibilidad de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. La situación en Guatemala se mantiene tensa y el gobierno se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de combatir la violencia con el respeto a los derechos fundamentales.