La persistente violencia política contra las mujeres en México ha encendido las alarmas. Con 457 infractores inscritos en el Registro Nacional, la exigencia de impedir que estos individuos accedan a cargos de elección popular cobra mayor fuerza.

La creciente preocupación por la violencia política contra las mujeres en razón de género ha impulsado un llamado urgente a revisar los criterios de elegibilidad para cargos públicos en México. Según datos oficiales, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPMG) alberga a 457 individuos que han incurrido en estas prácticas, algunos de ellos de manera reincidente. La gravedad de las faltas cometidas ha llevado a que, en la mayoría de los casos, los denunciados pierdan el requisito fundamental de "modo honesto de vivir", un criterio legal indispensable para aspirar a un cargo público.

La presencia de agresores en el registro plantea serias interrogantes sobre la integridad del proceso electoral y la protección de los derechos políticos de las mujeres. Activistas y organizaciones de la sociedad civil han enfatizado la necesidad de implementar mecanismos legales más efectivos para impedir que personas con antecedentes de violencia política accedan a puestos de poder. La propuesta central radica en modificar la legislación electoral para que la inscripción en el RNPSVPMG sea un impedimento automático para ser candidato.

El debate se centra ahora en cómo equilibrar los derechos políticos de los individuos con la imperante necesidad de garantizar un entorno político libre de violencia para las mujeres. Mientras algunos argumentan que impedir la candidatura de los sancionados podría ser considerado una violación a sus derechos fundamentales, otros sostienen que la protección de los derechos de las mujeres y la integridad del proceso democrático deben prevalecer. La discusión promete ser intensa y marcará un hito en la lucha contra la violencia política de género en México.