La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendrá la última palabra sobre la asignación de recursos federales destinados a la búsqueda de personas desaparecidas en los estados. Esta decisión centraliza el proceso de evaluación y aprobación de fondos para las instancias locales.

La distribución de recursos federales cruciales para los organismos estatales dedicados al rastreo de personas desaparecidas recaerá ahora bajo la estricta supervisión de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). De acuerdo con la nueva normativa, la CNB será la entidad responsable de evaluar minuciosamente las solicitudes presentadas por las instancias locales, asumiendo la potestad de emitir la autorización o la denegación de los fondos solicitados.

Esta medida implica un cambio significativo en el flujo de recursos destinados a la búsqueda de desaparecidos, centralizando la toma de decisiones en la CNB. El objetivo, según fuentes oficiales, es optimizar la asignación de fondos y garantizar que se utilicen de manera eficiente y efectiva en los esfuerzos de búsqueda a nivel nacional.

Se espera que este nuevo esquema permita una mejor coordinación entre la federación y los estados, asegurando que los recursos lleguen a las instancias que realmente los necesitan y que se implementen estrategias de búsqueda más coordinadas y efectivas. Sin embargo, algunos expertos han expresado preocupación sobre la posible burocratización del proceso y la potencial demora en la entrega de fondos a las instancias locales.