A un año de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la creciente inseguridad y la persistente corrupción se han posicionado como los temas centrales en la agenda política. Con un alto índice de indecisión entre los votantes, el panorama electoral se presenta incierto y con diversas opciones.

A medida que se acerca el 2026, año de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la conversación nacional está dominada por dos preocupaciones primordiales: la seguridad y la corrupción. La percepción de un aumento en la criminalidad y la persistencia de casos de corrupción en diversas esferas del gobierno han generado una profunda inquietud entre los ciudadanos, quienes exigen soluciones concretas y efectivas por parte de los candidatos.

En este contexto, la candidata oficialista Laura Fernández ha emergido como una figura prominente. Inspirándose abiertamente en el modelo de seguridad implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Fernández propone medidas más enérgicas para combatir la delincuencia. Esta postura, aunque genera controversia, ha resonado con un sector del electorado que busca soluciones drásticas ante el incremento de la violencia.

Sin embargo, la contienda electoral aún no está definida. El alto porcentaje de votantes indecisos indica que la opinión pública está fluctuante y que los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo del país. Los debates, las propuestas y la capacidad de los candidatos para abordar las preocupaciones centrales de la población serán determinantes para definir el resultado de las elecciones en Costa Rica en 2026. La elección se presenta como un punto crucial para el futuro político y social del país centroamericano.