Una reciente investigación de The Intercept ha puesto al descubierto una controvertida estrategia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La agencia ha optado por contratar a cazarrecompensas privados, vinculados a una importante corporación penitenciaria, para la localización de migrantes.

Una reciente investigación periodística de The Intercept ha desvelado una práctica controvertida por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La agencia migratoria estadounidense ha optado por contratar a una subsidiaria del gigante penitenciario con fines de lucro GEO Group, especializada en el "rastreo de personas desaparecidas", para localizar a migrantes en sus domicilios y lugares de trabajo. Este esquema implica el uso de operadores privados en tareas tradicionalmente asociadas con la aplicación de la ley.

Según la publicación, la subsidiaria en cuestión opera como una suerte de cazarrecompensas, encargándose de ubicar a individuos que se encuentran en el proceso migratorio. La naturaleza de esta contratación, que externaliza funciones sensibles de vigilancia y detención, ha levantado cuestionamientos sobre la ética y la transparencia de las operaciones del ICE, así como sobre la implicación de empresas privadas en el ámbito de la seguridad y el control migratorio. La revelación apunta a una expansión del modelo de negocios del GEO Group más allá de la gestión de prisiones.

Esta estrategia subraya una tendencia creciente en Estados Unidos hacia la externalización de servicios clave en la cadena de aplicación de la ley migratoria. La participación de una empresa con fines de lucro como GEO Group, cuya subsidiaria se dedica al rastreo, plantea importantes interrogantes sobre los incentivos y las implicaciones humanitarias de tales acuerdos, especialmente cuando se trata de comunidades migrantes vulnerables. La información de The Intercept añade una nueva capa a la discusión sobre el papel del sector privado en las políticas de inmigración del país.