El inicio del segundo mandato de la autodenominada Cuarta Transformación generó expectativas sobre un renovado impulso al combate contra la corrupción. Sin embargo, analistas y la sociedad civil cuestionan si esta lucha realmente se ha convertido en una tarea prioritaria.

La promesa de erradicar la corrupción ha sido un pilar fundamental del discurso de la 4T desde su inicio. No obstante, a medida que avanza el sexenio, surgen interrogantes sobre la efectividad y el alcance de las acciones emprendidas para combatir este flagelo. Si bien se han promovido reformas legales y se han fortalecido algunas instituciones, la percepción general es que el avance ha sido lento y desigual.

El término "segundo piso" se refiere al periodo restante de la administración actual, y la expectativa era que se consolidaran los esfuerzos iniciales y se profundizara la lucha anticorrupción. Sin embargo, diversos factores parecen haber desviado la atención de este objetivo. La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas, la crisis energética global y otros desafíos internos han ocupado gran parte de la agenda gubernamental.

Expertos señalan que la falta de una estrategia integral, la politización de la justicia y la persistencia de prácticas corruptas en diversos niveles de gobierno dificultan el avance en esta materia. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos clave que, según los críticos, no han sido suficientemente impulsados. El futuro del combate a la corrupción en México dependerá de la voluntad política y la capacidad de implementar medidas efectivas y sostenibles.