En una acción coordinada, México entregó a Estados Unidos a 37 presuntos miembros de organizaciones criminales considerados como una amenaza para la seguridad nacional. Este traslado masivo, el tercero bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea interrogantes sobre su efectividad a largo plazo.

México extraditó este martes a Estados Unidos a 37 individuos identificados como operadores de organizaciones criminales que, según las autoridades, representaban un riesgo significativo para la seguridad del país. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comunicó la operación a través de sus redes sociales, enfatizando que se llevó a cabo "conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional".

Este operativo marca el tercer traslado masivo de delincuentes de alto impacto durante el actual gobierno, sumando un total de 92 individuos entregados a las autoridades estadounidenses. García Harfuch afirmó que estos delincuentes "ya no podrán generar violencia en nuestro país", sugiriendo que la extradición representa una solución efectiva para mitigar la criminalidad en territorio mexicano. No obstante, analistas señalan que la medida podría generar vacíos de poder dentro de las organizaciones criminales, provocando reacomodos y posibles escaladas de violencia en el futuro inmediato.

Si bien la cooperación bilateral en materia de seguridad es un componente crucial en la lucha contra el crimen organizado transnacional, la extradición de líderes criminales plantea un debate sobre la estrategia a seguir. Mientras que las autoridades mexicanas argumentan que se neutraliza la amenaza que representan estos individuos, expertos advierten sobre el riesgo de fragmentación y la posible radicalización de las organizaciones criminales tras la ausencia de sus líderes. El impacto a largo plazo de estas acciones deberá ser monitoreado de cerca para evaluar su verdadera efectividad.