El gobierno ecuatoriano ha escalado la tensión con Colombia al anunciar un arancel del 30% a una serie de productos provenientes del vecino país. La medida, que entrará en vigor en febrero, responde a la percepción de falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y un significativo déficit comercial.

Ecuador justificó la imposición del arancel del 30% a productos colombianos, argumentando la insuficiencia de la colaboración por parte de Bogotá en el combate al narcotráfico en la zona fronteriza compartida. Según las autoridades ecuatorianas, esta falta de cooperación ha contribuido a un desequilibrio comercial que supera los USD 1.000 millones anuales, afectando negativamente la economía nacional. La medida busca, según Quito, presionar a Colombia para intensificar sus esfuerzos en el control fronterizo y abordar las asimetrías comerciales existentes.

La reacción de Colombia no se hizo esperar. Funcionarios del gobierno colombiano defendieron la “histórica” coordinación binacional en materia de lucha contra el narcotráfico, señalando que se han mantenido operativos conjuntos y un intercambio constante de información de inteligencia. Además, recalcaron la importancia del diálogo para resolver las diferencias y evitar medidas que puedan afectar el comercio bilateral y la estabilidad regional.

La imposición del arancel ha generado incertidumbre entre los exportadores colombianos, quienes temen una disminución en sus ventas al mercado ecuatoriano. Analistas económicos señalan que esta medida podría tener un impacto negativo en el comercio bilateral y en las relaciones diplomáticas entre ambos países, instando a las partes a buscar una solución negociada que beneficie a ambas naciones.