La compleja maraña de sistemas de pensiones en México está generando una profunda desigualdad y una insostenible presión financiera para el Estado. Con más de mil esquemas operando de manera independiente, el país se enfrenta a una descapitalización generalizada que pone en riesgo el futuro de millones de trabajadores. Datos de la Secretaría de Hacienda y el CIEP confirman la alarmante situación.

La compleja estructura de los sistemas de pensiones en México ha sido identificada como una fuente crucial de desigualdad y una carga financiera insostenible para el erario público. El país opera con más de mil esquemas de pensiones distintos, una fragmentación que no solo complejiza su gestión, sino que también ejerce una presión considerable sobre las finanzas nacionales, comprometiendo la equidad y la sostenibilidad del sistema previsional.

Según revelan datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como estudios pormenorizados del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), estos sistemas absorben conjuntamente el 23 por ciento del presupuesto federal anual. Esta cifra es alarmante, especialmente porque la mayoría de estos esquemas enfrentan una descapitalización generalizada, lo que implica que sus pasivos superan con creces sus activos y comprometen su viabilidad a largo plazo, sin una reforma estructural.

La disparidad en las condiciones y beneficios entre los diversos sistemas agrava la brecha social, creando escenarios de pensiones privilegiadas para ciertos sectores y dejando a otros en situación de vulnerabilidad. Esta fragmentación impide una administración eficiente de los recursos y dificulta la implementación de reformas integrales que garanticen la sostenibilidad y equidad del sistema previsional mexicano para las futuras generaciones, haciendo urgente una revisión profunda de su operación y financiamiento.