Un memorándum interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha desatado la controversia al autorizar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a realizar allanamientos y arrestos en domicilios particulares. Esta directiva, que prescinde de la necesidad de una orden judicial, ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y defensores de los inmigrantes.

La noticia, dada a conocer inicialmente por SinEmbargo MX, detalla que el memorándum permite a los agentes de ICE entrar a viviendas incluso por la fuerza, para llevar a cabo arrestos tanto de ciudadanos estadounidenses como de migrantes. La justificación oficial detrás de esta política se centra en la necesidad de fortalecer la seguridad fronteriza y agilizar los procesos de deportación, especialmente en casos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido delitos graves.

Sin embargo, la medida ha provocado una ola de indignación. Abogados y activistas han denunciado que esta directiva viola flagrantemente la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de registros e incautaciones irrazonables. Argumentan que la ausencia de una orden judicial abre la puerta a abusos de poder y discriminación racial, especialmente contra las comunidades latinas y otras minorías.

El impacto de esta nueva política aún está por verse, pero las organizaciones de derechos humanos ya han anunciado que presentarán recursos legales para impugnar su validez. La controversia pone de manifiesto la creciente tensión en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos y plantea serias interrogantes sobre el respeto a las libertades civiles en el contexto de la lucha contra la inmigración ilegal.