En un movimiento sorpresivo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una propuesta de ley de amnistía general que podría liberar a centenares de personas consideradas "presos políticos" en Venezuela. La medida, sumada al anuncio del cierre del controvertido centro de detención conocido como el Helicoide, genera expectativas y debate en el país.

El anuncio, realizado en Caracas, detalla que la ley de amnistía, de ser aprobada por la Asamblea Nacional la próxima semana, se aplicaría a hechos ocurridos entre 1999, año en que Hugo Chávez asumió la presidencia, y la actualidad. Aunque no se han especificado los delitos que cubrirá la amnistía, la referencia a "presos políticos" sugiere que beneficiaría a personas detenidas por motivos políticos, incluyendo activistas, opositores y participantes en protestas antigubernamentales. La magnitud de la liberación, según estimaciones iniciales, podría alcanzar a centenares de individuos.

La propuesta de amnistía coincide con el anuncio del cierre definitivo del Helicoide, un edificio emblemático en Caracas que ha funcionado como centro de detención y que ha sido objeto de denuncias por violaciones de derechos humanos. Organizaciones internacionales y la oposición venezolana han documentado casos de tortura, tratos crueles e inhumanos, y detenciones arbitrarias en el Helicoide. El cierre de este centro, considerado un símbolo de la represión, podría ser interpretado como una señal de apertura y reconciliación por parte del gobierno.

La iniciativa de la amnistía y el cierre del Helicoide se producen en un contexto de tensiones políticas internas y presiones internacionales sobre Venezuela. La propuesta deberá superar el debate en la Asamblea Nacional, donde se espera que genere controversia y posturas encontradas. El impacto real de estas medidas en el clima político y social del país dependerá de la amplitud de la amnistía, la implementación efectiva del cierre del Helicoide y la respuesta de la comunidad internacional.