La actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) se encuentra bajo escrutinio público tras la muerte de Renée Good y Alex Pretti. Se cuestiona si el uso de fuerza letal en estos casos se ajustó a los protocolos y límites legales establecidos.

La controversia se centra en dos incidentes ocurridos en enero que involucran a agentes del ICE y que resultaron en el fallecimiento de Renée Good y Alex Pretti. Si bien las regulaciones federales permiten el uso de fuerza letal por parte de los agentes del ICE ante una amenaza inmediata, la inmunidad que les ampara no es absoluta. Esta inmunidad calificada protege a los agentes siempre y cuando actúen dentro del marco de sus funciones y respetando los límites del uso razonable de la fuerza.

Las crecientes críticas apuntan a la posibilidad de que los agentes del ICE hayan excedido estos límites en los mencionados incidentes. Abogados y organizaciones de derechos civiles argumentan que el uso desmedido de la fuerza, especialmente en situaciones donde no existe una amenaza directa e inminente, invalida la inmunidad legal de los agentes involucrados. La investigación de estos casos se vuelve crucial para determinar si se cometieron irregularidades y si procede la presentación de cargos.

Las familias de Good y Pretti, así como diversas organizaciones pro-inmigrantes, exigen una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos. Solicitan transparencia en el proceso y que se rindan cuentas por cualquier posible violación de los derechos humanos. Este caso pone de manifiesto la continua tensión entre la aplicación de las leyes migratorias y la protección de los derechos civiles en los Estados Unidos.