Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado inconstitucional la concesión otorgada a una empresa china para operar en el Canal de Panamá, reavivando tensiones geopolíticas. La decisión llega tras años de escrutinio y críticas, incluyendo las expresadas por el expresidente estadounidense Donald Trump.

La Corte Suprema de Panamá dictaminó la inconstitucionalidad de la concesión otorgada a una empresa china, perteneciente al conglomerado CK Hutchison Holdings, que opera dos de los cinco puertos del Canal de Panamá. Esta decisión judicial ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno chino, que ha manifestado su preocupación y anunciado que "tomará todas las medidas necesarias" para salvaguardar los derechos e intereses de sus empresas en la región.

La concesión bajo escrutinio había sido objeto de controversia desde su inicio, alimentada por preocupaciones sobre la creciente influencia de China en infraestructuras estratégicas a nivel mundial. Las críticas se intensificaron durante la administración de Donald Trump, quien advirtió sobre los riesgos de permitir que empresas chinas controlaran nodos críticos del comercio internacional como el Canal de Panamá.

El fallo de la Corte Suprema panameña plantea interrogantes sobre el futuro de las inversiones chinas en el país y la región. La situación exige un análisis cuidadoso de las implicaciones económicas y diplomáticas, buscando un equilibrio entre el respeto a la soberanía nacional y la necesidad de mantener relaciones comerciales estables y beneficiosas para todas las partes involucradas.