La gestión de Consuelo Porras como Fiscal General de Guatemala llega a su fin envuelta en la polémica. La ONU ha solicitado una investigación exhaustiva sobre su presunta participación en la adopción ilegal de al menos 80 niños indígenas mientras dirigía un centro.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la información recibida sobre la presunta implicación de Consuelo Porras en casos de adopciones irregulares. Los señalamientos se centran en un período en el que Porras se desempeñó como directora de un centro en Guatemala, donde se habrían registrado irregularidades en la adopción de al menos 80 niños pertenecientes a comunidades indígenas.

La petición de la ONU se produce en un momento crucial, coincidiendo con la salida de Porras del cargo de Fiscal General, una posición que ha ocupado desde 2018 y que ha estado marcada por la controversia y las críticas por su gestión. Diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca e internacional han cuestionado su independencia y su papel en la lucha contra la corrupción, acusándola de obstaculizar investigaciones y proteger a funcionarios corruptos. Ahora, estas nuevas acusaciones relacionadas con la adopción ilegal de niños indígenas suman un nuevo capítulo a su controvertido legado.

La OACNUDH ha instado a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo una investigación imparcial, transparente y exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La organización internacional ha enfatizado la importancia de garantizar la protección de los derechos de los niños indígenas y de las familias afectadas por estas presuntas irregularidades, así como de asegurar que se haga justicia en este caso.