El asesinato de defensores de derechos humanos en México, como el reciente caso del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, no solo siega una vida, sino que inflige un profundo daño a las comunidades a las que sirven. Así lo manifestó Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), enfatizando la gravedad de estos actos.

En una declaración contundente, Mary Lawlor, relatora especial de la ONU, condenó el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2024, calificándolo como una “puñalada para su comunidad”. Lawlor destacó que este tipo de crímenes no son hechos aislados, sino que representan un ataque directo a la estructura social y a la defensa de los derechos humanos en las regiones donde los activistas desarrollan su labor.

La relatora de la ONU hizo hincapié en el rol fundamental que desempeñan los defensores de derechos humanos, particularmente en comunidades indígenas, quienes a menudo son la voz de los marginados y los protectores de sus territorios y culturas. Su asesinato, según Lawlor, no solo silencia esa voz, sino que también genera un clima de miedo e intimidación que paraliza la acción comunitaria y debilita el tejido social.

La declaración de Lawlor subraya la necesidad urgente de que las autoridades mexicanas investiguen a fondo estos crímenes, garanticen la protección de los defensores de derechos humanos y adopten medidas efectivas para prevenir futuros ataques. La impunidad en estos casos, advirtió la relatora, envía un mensaje peligroso y alienta la perpetuación de la violencia contra quienes luchan por la justicia y la igualdad.