El Sindicato Nacional Minero, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, ha expresado su firme apoyo a una propuesta legislativa crucial. La iniciativa busca catalogar como homicidio industrial aquellos fallecimientos de trabajadores directamente relacionados con la negligencia y el incumplimiento grave de las normas de seguridad por parte de las empresas mineras.

La propuesta, respaldada por el Sindicato Nacional Minero, plantea una modificación al Código Penal para incluir la figura de "homicidio industrial", aplicable en casos donde la muerte de un trabajador sea consecuencia directa de la omisión o incumplimiento deliberado de las medidas de seguridad y salud laboral por parte del empleador. De aprobarse, las empresas mineras enfrentarían cargos penales más severos, responsabilizando a los directivos por la falta de inversión en seguridad y capacitación, así como por la imposición de ritmos de trabajo que pongan en riesgo la vida de los mineros.

Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, ha señalado que esta iniciativa es fundamental para garantizar la protección de los trabajadores y evitar que la búsqueda de beneficios económicos prime sobre la seguridad humana. Subrayó que la impunidad ante los accidentes laborales ha perpetuado una cultura de negligencia en la industria, donde las empresas a menudo priorizan la producción sobre la prevención de riesgos. El sindicato argumenta que la tipificación como homicidio industrial enviaría un mensaje claro de que la vida de los trabajadores es un valor innegociable y que la responsabilidad penal es un elemento disuasorio indispensable.

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en el Congreso de la Unión y cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos laborales. Se espera que el debate se centre en la definición precisa de los criterios para determinar la negligencia patronal y en la proporcionalidad de las penas a imponer. El Sindicato Minero ha manifestado su disposición a colaborar con los legisladores para enriquecer la propuesta y asegurar su efectiva aplicación, con el objetivo último de erradicar la impunidad y garantizar un entorno laboral seguro para todos los mineros en México.